Revista de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado

Control Policial

Rodrigo Hernán Laguian — 2023-11-02

En el presente trabajo se analizará el sistema de control disciplinario aplicado por civiles a personal policial de una fuerza de seguridad, el cual fuera implementado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde el año 2010, lo que puede
denominarse como “sistema disciplinario externo”, “sistema de control disciplinario policial” o de “sistema de control externo”.

El Sistema de Reconocimiento Facial

Natalia Pacheco — 2023-11-02

En la investigación se tomó conocimiento del caso judicial y se procedió al cotejo de la normativa implicada, por un lado se
analizó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos puesto en funcionamiento en virtud de la Resolución 398/MJYSGC/19, según lo establecido por un Convenio anterior cruzaba datos personales biométricos entre bases de datos de la CONARC (Registro Nacional de Reincidencia) y del Registro Nacional de las Personas permitía “matchear” imágenes faciales de personas que transitaban las calles de CABA en puntos determinados e ingresaban en Estaciones de Tren o subtes y podían dar alertas de personas buscadas por la Justicia, pero en muchos casos dieron falsos positivos ordenando la detención/demora de personas que no correspondían a ningún requerido judicial.

Abordaje de la problemática referida a la violencia y discriminación

Manuela Resúa — 2023-11-02

El artículo aborda el tema de la violencia y la discriminación contra la comunidad transgénero en Argentina, centrándose en
la implementación de la ley de cupo para personas transgénero en el mercado laboral. Destaca la falta de implementación práctica de esta ley y propone apelar a los Organismos de la Administración Pública Nacional para garantizar su cumplimiento. Se reflexiona sobre la importancia de despatologizar las identidades transgénero, así como la violencia institucional que enfrentan. El documento menciona los logros en materia de derechos pero enfatiza que aún son insuficientes.
Se analiza la Ley de Identidad de Género N° 26.743, enfatizando la importancia de la autopercepción como elemento clave para
el reconocimiento de la identidad de género. El documento también
menciona precedentes legales anteriores y destaca la importancia del progreso de Argentina en comparación con otros países.
La autora propone implementar políticas públicas para garantizar un verdadero cupo laboral para personas travestis/trans en los organismos públicos, y sugiere la creación de una “Unidad de Políticas de Género” como primer paso. También destaca la importancia de la igualdad y no discriminación en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Normativa disciplinaria y violencia de género

Joaquín Ignacio Sabaté Castillo — 2023-11-02

La violencia de género es un problema que se manifiesta en todas las organizaciones y por lo cual se dictan regulaciones para
combatirla. El presente trabajo aborda la normativa internacional y nacional existente, así como la específica del Ejército Argentino de aplicación en los casos de violencia de género en el ámbito laboral.
Se divide según la naturaleza del vínculo que une al personal con el Estado Nacional; para, luego de señalar avances en la materia, poner en comparación ambos órdenes evidenciando posibles mejoras en base a una hipótesis de conflicto. Así, la exposición y comparación resulta beneficiosa como base para un futuro trabajo de campo sobre el impacto de cada modificación normativa.

La incidencia de las limitaciones económicas

María Fernanda Sampay — 2023-11-02

El presente trabajo invita a reflexionar acerca de que el verdadero Estado de Derecho no es únicamente el que elabora
normas jurídicas, sino el que se somete a las mismas y garantiza la efectividad de los derechos que tutelan.
En nuestro país se da la paradoja de que la legislación argentina garantiza muchísimos más derechos sociales de los que, a la sazón,disfrutan sus habitantes.
Para comprender las causas de esta paradoja, procuraré evidenciar cómo determinados sistemas económicos y la discrecionalidad dequien ejerce el Poder Ejecutivo, conspiran contra la plena realización de los “derechos humanos”, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales, dado que los seres humanos
deben gozar de “autarquía” o suficiencia de bienes para tenerigualdad de oportunidades. En la temática de la seguridad social,
volcaré mi experiencia en el desempeño como asesora en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, en particular respecto a la aplicacióndel conjunto de leyes reparatorias (Leyes 24.043, 25.914,
26.913, etc.), desarrollando propuestas para mejorar el servicio y dar mayor celeridad y eficiencia al procedimiento administrativo direccionado al otorgamiento de los beneficios contemplados en dichas leyes reparatorias.

Convocatoria ECAE - Área de Investigación

María Virginia Cafferata — 2023-11-02

El término procedimiento aplicado al derecho administrativo alude al aspecto formal de la actividad de las administraciones
públicas, pues supone la ordenación de actos cuyos efectos jurídicos están vinculados entre sí, a fin de generar una decisión administrativa.
En este trabajo, voy a plantear, por un lado, si es necesario aplicar “in totum” el procedimiento administrativo, a los contratos del sector público y por otro, a la falta de autonomia en el procedimiento administrativo sancionatorio. Para ello voy a referir al procedimiento contractual primero y en segundo lugar al sancionatorio. Concretamente al contrato que se celebra desde el sector público, ya en la etapa de ejecución, a fin de observar que al aplicarsele, el procedimiento administrativo en bloque, produce problemas para las dos partes contratantes (comitente-contratista). A lo cual se le suma, si lo miramos desde la administración comitente el resultado ineficaz en la concreción del objeto contractual. Por otro lado, se presenta la problemática de los regímenes sancionadores. La idea es presentarlos como un derecho autónomo, en procura de la eficiencia de estos procedimientos
preventivos, desvinculándolos de su dependencia con el derecho penal que lo vuelven inoperante, además de trasladarle su
propia inequidad.

Comentarios sobre la valuación de daños

Adriana Cusmano — 2023-11-02

En reuniones de trabajo para la reforma del Sistema de
Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS por
sus siglas al inglés Investor State Dispute Settlement), la valuación
de daños y la determinación de la indemnización forman parte hoy
de la agenda. El derecho internacional y los Tratados Bilaterales de
Inversión, que son la base jurídica del arbitraje de inversiones, no
cuentan con procedimientos ni estándares para la determinación de
daños y el cálculo de la indemnización. A partir de la experiencia argentina,
se han podido detectar prácticas valuatorias que no cumplen
con las buenas prácticas recomendadas por la literatura especializada.
Al respecto, los tribunales deberían fortalecer la valoración de la
evidencia documental, promover la razonabilidad de los supuestos y
de la aplicación de intereses, así como de criterios que minimicen los
elementos especulativos que no guardan relación con las inversiones
reales a las cuales supuestamente los tribunales estarían protegiendo.

La Libertad y el mal

David Kronzonas — 2023-11-02

Notas acerca de la pureza del mal

Derechos Humanos y control de convencionalidad

Damian M. Loreti — 2023-11-02

Acercarnos a los cuarenta años de la reinstalación de los gobiernos
de la democracia en diciembre de 1983, así como la cercanía con
los cuarenta años de la ratificación por ley de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos por medio de la ley 23054 hace
propicia la oportunidad para acercar algunas inquietudes alrededor
del derecho administrativo y su relación de sujeción a los principios
de derechos humanos emergentes del control de convencionalidad.

El tránsito hacia el Procedimiento Administrativo electrónico

Luis Eduardo Rey Vázquez — 2023-11-02

Se analizan las reformas introducidas a la Ley de procedimientos
administrativos de la Provincia de Corrientes por las que
se introdujo a su texto, por un lado, el deber de incentivar el uso de
las tecnologías de la información y las comunicaciones con miras a la
celeridad de los procedimientos, y por otro, se reguló la posibilidad
de que los actos administrativos se emitan por medios electrónicos,
con el propósito de garantizar la igualdad de acceso a la administración
pública, a través de vías gratuitas, permitiendo incluso el uso
alternativo de otros procedimientos. También los avances operados
en los procesos judiciales en el uso de las nuevas tecnologías.

La protección de los derechos humanos

Claudio Alberto Schifer — 2023-11-02

El presente trabajo aborda la protección de los derechos
humanos en el régimen disciplinario de la Administración Pública
Nacional, a partir de las sentencias y opiniones consultivas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, los dictámenes de la Procuración
del Tesoro de la Nación, y la normativa nacional e internacional aplicable
a la materia.
Se mencionan, entre los diversos institutos analizados, el control
de convencionalidad, el debido proceso adjetivo o legal, la potestad
disciplinaria de la Administración Pública Nacional y el procedimiento
sumarial.
Producto de las políticas públicas llevadas adelante por el Gobierno Nacional, destinadas a la ampliación de derechos en el procedimiento
administrativo disciplinario, que redundaron en el dictado
del nuevo Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto
N° 456/2022), son desarrolladas con especial consideración, las garantías
en el ejercicio pleno del derecho de defensa de las personas
sumariadas o imputadas, el establecimiento de requisitos más rigurosos
para suspender preventivamente a agentes involucrados o involucradas
en una causa penal, la violencia de género ejercida en el
ámbito laboral, el empleo de medios electrónicos de notificación, y
la celebración de audiencias a distancia para supuestos de excepción.

Interpretación y género

Débora Fihman — 2023-11-02

Muchas veces en el mundo del derecho los conceptos de flexibilidad
o mutabilidad pueden ser resistidos. El normativismo se ha caracterizado
por sus rasgos pétreos y netamente positivistas.
Sin embargo, una mirada ontológica del derecho nos permite observar
que aceptar una construcción estática del derecho nos enfrenta
a dogmatismos que dejan poco lugar para una verdadera racionalización
de las normas jurídicas.

Inevitable Osadía

Guido José Jamer — 2023-11-02

La exquisita pluma del profesor catalán Juli Ponce Solé nos enseña
que la preocupación por el desenvolvimiento del ¨buen gobierno¨
constituye un desvelo humano de existencia milenaria e inherente
al hecho que alguien ejerce un poder de gobierno sobre un grupo
de personas, ya sea en el marco de una tribu, un reino, etc. Desvelo
este que trasciende las fronteras jurídicas, ya que desde la antigua
Grecia, titanes de la filosofía como Platón, Sócrates, Aristóteles o
Cicerón ¨…con diversos matices, expresaron su convicción de que
los gobernantes debían buscar la felicidad de todos sus gobernados,
no de unos pocos, ordenando a tal fin lo conveniente...¨1. No
debe soslayarse la interrelación cada vez mas contundente entre el
concepto moderno de buena administración y la integración de la gobernanza
con las llamadas tecnologías de la información y la comunicación.

Índice

2023-11-02

Una Corte Suprema al margen de la voluntad del Pueblo.

Pablo Cabral — 2023-11-02

La apropiación judicial del margen de apreciación nacional en violación del principio constitucional de soberanía popular.

La defensa del interés Público

Gustavo E. Silva Tamayo — 2023-11-02

El interés público es uno de los conceptos jurídicos que, tradicionalmente, han resultado más difíciles de determinar pues en su contenido confluyen componentes políticos, económicos, sociales y morales, entre otros, que son mutables en sentido temporal
(y espacial). Sin embargo, estatuirlo ha sido siempre imprescindible, no solo porque fija los confines de la competencia de los órganos estatales, sino por cuanto obra como justificativo teleológico de la noción misma de Estado. No obstante, en las últimas décadas a la luz del constitucionalismo de la Segunda Posguerra, se ha perfilado la idea de que el interés público se identifica con la dignidad humana y la realización de los valores humanos básicos. Asimismo, su defensa corresponde a todos los órganos estatales, en el marco de sus funciones preponderantes y a cualquier ciudadano, individual o colectivamente afectado.

La litigiosidad como fundamento para negar a los trabajadores el acceso a la jurisdicción

Florencia A. Bonomo Tartabini — 2023-11-02

Un aumento constante y desbordado de conflictos que solo dilata o imposibilita el debido proceso y la tutela judicial efectiva a la que los trabajadores y trabajadoras dañadas también tienen derecho.

Gobierno y Administración pública en clave constitucional

Diego A. Dolabjian — 2023-11-02

Este trabajo recorre las coordenadas que nuestro modelo de Estado Constitucional fija respecto de la posición del Gobierno y de la Administración pública. En tal sentido, se ofrece un inventario sobre las exigencias —formales y sustanciales— que nuestro orden jurídico fundamental (constitucional y convencional) impone a la organización estatal, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Evolución histórica de la regulación de los recursos naturales

Juan José Carbajales — 2023-11-02

El actual modelo de los hidrocarburos en Argentina reconoce una evolución de (casi) dos siglos y medio de historia, la cual puede ser descripta de manera circunstanciada y situada desde su base normativa.
Abordaremos aquí solo la la primera parte, desde sus orígenes hispanos hasta la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
El criterio ordenador de las etapas o períodos en los que se organiza el avance histórico en la materia responde a discriminar las fases en las que el dominio recaía en la Nación y/o en las provincias, así como el rango jerárquico de dicha resolución, ora constitucional, ora legal.
Ello, reconociendo la necesaria arbitrariedad en dicha decisión y la posibilidad de esquemas híbridos. De esta manera, se abordarán las siguientes etapas: 1) Etapa colonial (1776-1810); 2) Etapa independentista (1810-1853); 3) Etapa constitucional ¿neutra? (1853-1886); y 4) Etapa legal mixta (1886-1935).