COVID-19, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y ARBITRAJES DE INVERSIÓN

Resumen

Con el fin de minimizar tanto la tasa de contagio del Covid-19 como los efectos de la recesión económica y la crisis social que la
pandemia conlleva, la mayoría de los gobiernos están implementando medidas que cubren prácticamente todas las esferas de la vida, incluida la económica. De hecho, los Estados tienen la obligación de implementar medidas proporcionales a la seriedad y escala de la crisis que afrontan a fin de proteger todos los derechos humanos de la población.
En ese contexto, hacemos un llamado a la comunidad mundial para una MORATORIA INMEDIATA en todos los reclamos de arbitraje de corporaciones privadas contra gobiernos que usan tratados de inversión internacional, y una RESTRICCIÓN PERMANENTE en todos los reclamos de arbitraje relacionados con medidas gubernamentales dirigidas a las dimensiones de salud, económicas y sociales de la pandemia y sus efectos. Estos casos de inversionista-estado (a menudo denominados casos de "ISDS“) facultan a las compañías privadas extranjeras para desafiar las acciones del gobierno que afectan intereses corporativos estrechos, y a menudo resultan en grandes pagos, a veces de miles de millones de dólares, a estas compañías por supuestas ganancias perdidas. Estas demandas representan un peligro inmediato para la capacidad de las naciones en desarrollo, y la comunidad global en su conjunto, de enfrentar el desafío COVID-19.